
Los problemas públicos son variados y pueden ser imprevisibles, que en un proceso electoral no puede anticiparse su solución. Hay situaciones que nadie puede imaginar en un año electoral, pero se presentan tres años después. Pero deben atenderse. Los funcionarios tienen una representación, pero sin instrucciones claras. Usando la doctrina civil del contrato de mandato, el mandatario debería de actuar prudentemente, como si se tratara de su negocio propio.
También hay problemas concretos para los que un candidato puede proponer una solución, y darla a conocer en su campaña. Es su programa de gobierno. Lo anuncia y lo promueve en su campaña. En teoría, los electores lo votan porque están de acuerdo en esas propuestas. Digo en teoría, porque en la realidad las mayorías votan por quien les parece simpático, por quien creen que “merece” ocupar el cargo y no por quién debe representarlos, o por otras muchas razones.
Con independencia de los motivos de los electores, pensemos que un candidato hace una propuesta muy clara en su campaña, y resulta electo. ¿Puede hacer justo lo contrario a lo que prometió? Parece que no. Por lo menos política y éticamente. ¿En este caso no estaría contraviniendo las instrucciones de sus mandantes? Desde luego que sí. Si teóricamente esa fue la razón por la que lo eligieron, ese será el mandato que le dieron, esa será la voluntad de la mayoría y está constreñido a seguirla.
El problema es: ¿qué hacer en este caso? Hoy se estima que hay un control político. Pero este puede tener efectos hasta la siguiente elección. ¿Y mientras tanto? ¿No debería existir un control judicial que permita obligar a un funcionario a obedecer sus promesas de campaña? Claro, si son constitucional, legal o políticamente inviables, habrá una excusa. Sería el caso de que un candidato prometiera modificar una ley, enviara una iniciativa, pero no alcanzara la mayoría. ¿Pero si la decisión solo depende de él sí podría controlarse judicialmente?
No lo sé. Son preguntas que me hago a un mes de la elección, cuando se ha anunciado que se van a incumplir promesas de campaña, como eliminar las “fotomultas”.
