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Criterios relevantes

Criterios relevantes

del Poder Judicial de la Federación

1a./J. 131/2023 (11a.)

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN. SON ESTIPULACIONES QUE CAUSAN UN DESEQUILIBRIO DE DERECHOS U OBLIGACIONES EN PERJUICIO DEL USUARIO O CONSUMIDOR.

Hechos: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las cláusulas abusivas en un contrato de adhesión son aquellas estipulaciones que causen un desequilibrio de derechos u obligaciones en perjuicio del usuario o consumidor y en las que éstos no han podido influir en su contenido ni negociar individualmente, dado que se determinan unilateralmente por las entidades proveedoras de bienes y servicios. Este tipo de contratación refleja la naturaleza asimétrica que existe entre las partes, pues el usuario o consumidor se encuentra en una situación de desventaja tanto en la capacidad de negociación como en el nivel de información o derivada de la necesidad de contratar algún servicio esencial o que represente un interés económico importante, pero cuyo régimen esté regulado por una normativa compleja y poco conocida por los particulares, como los servicios de ahorro para el retiro. De ahí, la importancia de compensar la situación de desequilibrio mediante la intervención del ordenamiento jurídico a través de controles administrativos o judiciales en favor de los consumidores afectados, especialmente cuando el objeto de la contratación afecte desproporcionadamente los derechos humanos de los usuarios.
 
Justificación: La celebración de contratos de adhesión debe ceñirse a las mejores prácticas mercantiles y estar sujeta al régimen de orden público y protección de los intereses colectivos, lo que implica la obligación de abstenerse de incluir cláusulas abusivas, conforme a lo establecido en los artículos 1o. de la Ley de Instituciones de Crédito y 3, 56, 56 Bis y 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como de abstenerse de limitar injustificadamente los derechos de los usuarios o establecer obligaciones indeterminables. En esta línea, las cláusulas abusivas resultan contrarias a los derechos humanos a la propiedad y a la protección de los intereses del consumidor en términos del artículo 28 constitucional, por lo que deben tenerse como no puestas.

 

1a./J. 124/2023 (11a.)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A UNA VIDA DIGNA. IMPLICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTATALES DE PROMOVERLO, RESPETARLO, PROTEGERLO Y GARANTIZARLO, INCLUSO CUANDO SE TRATA DE SERVICIOS BRINDADOS POR ACTORES PRIVADOS.

Hechos: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el alcance del derecho a la seguridad social y a una vida digna, como cualquier otro derecho humano, implica el cumplimiento de las obligaciones estatales de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, incluso cuando se trata de servicios brindados por actores privados. Asimismo, el Estado mantiene su deber de satisfacer el derecho a la seguridad social previniendo cualquier medida que interfiera con este derecho de manera arbitraria o poco razonable, ya sea por agentes públicos o privados, pues conserva la responsabilidad de supervisión y fiscalización de los servicios destinados a la seguridad social. Ahora bien, la eficacia del derecho a la seguridad social implica actos positivos y negativos, pues el Estado puede violar este derecho a través de actos de omisión cuando las autoridades no adoptan las medidas suficientes y apropiadas para su ejercicio, tales como la no regulación de las actividades de los particulares, grupos, empresas u otras entidades para impedirles la violación de derechos y el no suprimir con prontitud los obstáculos que restrinjan el ejercicio inmediato del derecho a la seguridad social.

Justificación: El derecho a la seguridad social está reconocido en los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Específicamente sobre el retiro, como parte de la seguridad social en la edad avanzada, los artículos 17 y 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establecen la obligación del Estado de adoptar medidas que faciliten la jubilación con la participación de empleadores, trabajadores y otros interesados. De esta manera, se establece el compromiso internacional del Estado Mexicano de adoptar una política de seguridad social eficiente en la que se verifique la responsabilidad de que los agentes del sector privado no pongan en peligro el sistema de seguridad social y se garanticen sus prestaciones en condiciones de igualdad, accesibilidad y suficiencia.

 

1a./J. 132/2023 (11a.)

INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. SE ACREDITA BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTOS DERECHOS TIENEN UNA DIMENSIÓN COLECTIVA, QUE SE PROYECTA SOBRE SU OBJETO SOCIAL.

Hechos: Una asociación civil, cuyo objeto social es la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, promovió juicio de amparo indirecto contra los comunicados que emitió el gobierno de México como respuesta a la política migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América. A través de esos actos se aceptó recibir en la República Mexicana, de forma temporal, a las personas migrantes solicitantes de asilo en aquel país, mientras esperan la resolución de su procedimiento. Asimismo, la asociación civil señaló como actos reclamados diversas omisiones administrativas en torno a la falta de expedición y publicación de parámetros y lineamientos respecto a la recepción de esas personas migrantes. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar, por una parte, que la asociación civil carecía de interés legítimo para promover el juicio de amparo y, por la otra, que los actos reclamados correspondían a la facultad exclusiva del Presidente de la República de dirigir la política exterior y, por lo tanto, no eran susceptibles de control constitucional. En desacuerdo con esa sentencia, la asociación civil interpuso recurso de revisión, el cual fue atraído por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: El derecho de las personas migrantes, en especial de los niños, de las niñas y de las mujeres, no sólo tiene una dimensión individual, sino también una colectiva que se proyecta sobre una red de relaciones jurídicas que involucran a la sociedad civil y que se reflejan en el deber correlativo que tienen todas las personas para tomar en consideración el interés superior de la niñez y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, las asociaciones civiles cuyo objeto social sea la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, cuentan con interés legítimo para reclamar a través del juicio de amparo los actos o las omisiones que afecten los derechos de estas colectividades, pues existe una especial situación frente al orden jurídico que les permitiría beneficiarse ante la probable concesión del amparo.
 
Justificación: En los asuntos en los que esta Primera Sala ha considerado actualizado el interés legítimo para las asociaciones civiles es posible observar, como elemento común, que todos versan sobre la dimensión difusa o colectiva de los derechos implicados y, por ende, de una estructura jurídica compleja de los derechos invocados.

Los derechos suelen tener dos dimensiones: una individual, que consiste en la libertad o prestación aprovechable en lo individual sólo por su titular, y otra colectiva o pública, que consiste en todas aquellas actividades, deberes y prerrogativas involucradas alrededor de la primera dimensión.

Así, para evaluar el interés legítimo de una asociación civil en el juicio de amparo, debe partirse de la naturaleza del derecho implicado y de su relación particular con el objeto social de la misma (su estructura compleja, su plano social, su carácter de bien público o alguna característica análoga).

En ese sentido, el derecho de las personas migrantes, en especial de los niños, de las niñas y de las mujeres, no sólo tiene una dimensión individual, sino también una colectiva, que se proyecta sobre una red de relaciones jurídicas que involucran a la sociedad civil y que se reflejan en el deber correlativo que tienen todas las personas para tomar en consideración el interés superior de la niñez y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como en participar en los procesos de transformación social para revertir las estructuras políticas, sociales y políticas que históricamente han excluido a las personas migrantes como un grupo vulnerable.

Por ende, las asociaciones civiles que se constituyan con la finalidad de proteger los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad (como lo es la población migrante), particularmente el derecho a que reciban asesoría y acompañamiento jurídico, cuentan con la posibilidad de que, ante la probable concesión del amparo, se actualice un beneficio tangible tanto para la asociación como para la colectividad que defiende, traducido en la observancia de esos derechos de la población migrante.

Impedir a las asociaciones el acceso al juicio de amparo implicaría que incumplieran uno de los fines para los que fueron creadas, o bien, incidiría en las condiciones en las que las asociaciones dan cumplimiento a dichos fines.

1a./J. 127/2023 (11a.)

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICABLE A LAS PERSONAS MAYORES.

Hechos: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la necesidad de adoptar una perspectiva de derechos humanos aplicada a las personas mayores consistente en un sistema de reglas y principios que reconozca a la edad avanzada como una condición que puede generar discapacidad y dependencia, en la que las personas mayores podrían no tener acceso al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población. Al respecto, si bien el ser una persona mayor no es sinónimo de ser vulnerable, resulta innegable que dentro de este grupo existen personas con una multiplicidad de circunstancias de vida que podrían ameritar una protección jurídica especial. Esta perspectiva de derechos humanos de la persona mayor implica un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección al prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, y según las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia.

Justificación: Esta perspectiva de persona mayor deriva de la interpretación de las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano acerca de la tutela especial que podrían requerir las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad, conforme a los artículos 1o. constitucional, 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues existe una demanda enfatizada de inclusión a fin de que las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad.

1a./J. 134/2023 (11a.)

PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN DENOMINADO "QUÉDATE EN MÉXICO". PRECISIÓN DE LOS ACTOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.

Hechos: Una asociación civil, cuyo objeto social es la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, promovió juicio de amparo indirecto contra los comunicados que emitió el gobierno de México como respuesta a la política migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América. A través de esos actos se aceptó recibir en la República Mexicana, de forma temporal, a las personas migrantes solicitantes de asilo en aquel país, mientras esperan la resolución de su procedimiento. Asimismo, la asociación civil señaló como actos reclamados diversas omisiones administrativas en torno a la falta de expedición y publicación de parámetros y lineamientos respecto a la recepción de esas personas migrantes. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar, por una parte, que la asociación civil carecía de interés legítimo para promover el juicio de amparo y, por la otra, que los actos reclamados correspondían a la facultad exclusiva del Presidente de la República de dirigir la política exterior y, por lo tanto, no eran susceptibles de control constitucional. En desacuerdo con esa sentencia, la asociación civil interpuso recurso de revisión, el cual fue atraído por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: Los comunicados y las declaraciones en las que el gobierno mexicano informa su postura oficial en cuanto a la recepción de personas extranjeras en el país, mientras esperan la resolución de sus procesos de asilo en otro país constituyen actos de política exterior, por lo que no pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, esto no ocurre con la instrumentación y ejecución del programa, pues ésta sí es susceptible de control constitucional en el juicio de amparo, al traducirse en una política migratoria que repercute en el ámbito interno del país.

Justificación: En términos de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo Federal dirigir la política exterior, a través de las Secretarías de Estado correspondientes, y al Senado de la República analizar el desarrollo de dicha política.

En ese sentido, los comunicados y las declaraciones emitidas por el gobierno mexicano en el marco del Programa "Quédate en México" tienen como finalidad, por una parte, expresar la postura oficial de México de recibir, desde un ámbito de soberanía, a personas extranjeras y, por la otra, establecer acuerdos bilaterales para tal efecto. De ahí que sea claro que se trata de actos que se inscriben en facultades de política exterior que son de competencia exclusiva del Presidente de la República, por lo que no pueden ser analizados jurisdiccionalmente, pues su revisión únicamente recae en el Senado.

Sin embargo, no toda política migratoria que adopte el Estado Mexicano constituye, en estricto sentido, política exterior. Lo anterior en virtud de que una vez que el titular del Ejecutivo Federal realiza las acciones relacionadas con la política exterior en temas migratorios, ello, a su vez, genera efectos diferenciados en el ámbito interno, en cuanto a la formulación, al proceso de toma de decisiones y a una acción de control de la ejecución de esas decisiones.

Así, tomando en cuenta que la formulación e implementación de la política migratoria interior no es facultad exclusiva del Presidente de la República ya que, en términos de lo dispuesto por la Ley de Migración y su Reglamento, ésta corresponde a la Secretaría de Gobernación, con la participación de otras autoridades, sí puede ser revisada jurisdiccionalmente.