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Criterios relevantes

Criterios relevantes

del Poder Judicial de la Federación

1a./J. 94/2023 (11a.)

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A IMPUGNAR NORMAS QUE FUERON CONSENTIDAS, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE FUE APLICADA PREVIAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELACIONADA CON LOS MISMOS HECHOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos al resolver asuntos derivados de procedimientos de jurisdicción voluntaria sobre el reconocimiento de acuerdos en materia de hidrocarburos en los que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos con motivo de su aplicación mediante el desechamiento de esos procedimientos, ya que los acuerdos se presentaron fuera del término legal que contempla ese precepto. Uno de los tribunales consideró que la norma fue aplicada previamente a la parte quejosa en otro procedimiento de jurisdicción voluntaria y, por ello, tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El otro órgano colegiado al resolver un caso con circunstancias similares determinó que esa causa de improcedencia no se acreditaba, precisamente, porque la aplicación del referido precepto se dio en otro procedimiento de jurisdicción voluntaria tramitado por la misma promovente, pero que es autónomo del que el tribunal examinó.

Criterio jurídico: Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama la inconstitucionalidad de una norma que regula los plazos para la presentación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria y el órgano jurisdiccional advierte que el precepto impugnado fue aplicado previamente en otro procedimiento de jurisdicción voluntaria que se desechó por extemporáneo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa a normas y actos consentidos tácitamente.

Justificación: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que es improcedente el juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos en la propia ley. Además, señala que se entenderá consentida una norma general en el caso de que no se haya promovido el juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa.

Por otra parte, el precepto 105 de la Ley de Hidrocarburos señala que los acuerdos sobre usos y ocupaciones superficiales serán presentados por el asignatario o por el contratista ante el Juez de Distrito en materia civil o el Tribunal Unitario Agrario competente para validarlos y darles carácter de cosa juzgada (jurisdicción voluntaria). Al respecto, el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos prevé que la presentación de los referidos acuerdos debe realizarse dentro de los siguientes treinta días naturales a su celebración, de lo contrario, el órgano jurisdiccional no podrá validar esos documentos y tampoco dotarlos del carácter de cosa juzgada.

En consecuencia, el desechamiento de una solicitud para validar un acuerdo en términos del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos por haberse presentado de forma extemporánea, constituye el primer acto de aplicación de ese precepto en perjuicio de la parte quejosa, de manera que si se impugna su constitucionalidad en procedimientos posteriores, se actualiza la causa de improcedencia precisada, pues aunque los procedimientos sean autónomos, el contenido de ese numeral es el mismo, de modo que una nueva aplicación no da acción a la parte quejosa para cuestionar la constitucionalidad de la norma, si no lo hizo cuando se aplicó por primera vez a través del desechamiento de la solicitud por extemporánea

2a./J. 47/2023 (11a.)

PENSIÓN POR ORFANDAD. EL NIETO SUJETO A PATRIA POTESTAD SE EQUIPARA A UN HIJO Y PUEDE SOLICITARLA, CUANDO ALGUNO DE LOS ABUELOS ASUMIÓ LAS OBLIGACIONES LEGALES EN AUSENCIA DE SUS PADRES.

Hechos: Un adolescente, a través de su representante, reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras prestaciones, el otorgamiento de la pensión por orfandad a causa de la muerte de su abuela quien, derivado de la ausencia de sus padres, asumió las obligaciones y los deberes que conlleva el ejercicio de la patria potestad. El Instituto negó su petición al considerar que no acreditó el vínculo de filiación con la entonces trabajadora. El peticionario promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó tal decisión, así como la regularidad constitucional de los preceptos que la fundamentan, esto es, los artículos 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 36 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El Juzgado de Distrito declaró la inconstitucionalidad de dichos preceptos y concedió la protección constitucional solicitada. Inconformes las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los preceptos citados que prevén, entre otras cuestiones, la pensión por orfandad a favor de los hijos son constitucionales, al no vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho a la seguridad social; además, al realizar una interpretación conforme del acto de aplicación determina que el nieto sujeto a patria potestad se equipara a un hijo y puede solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la pensión por orfandad, cuando los abuelos la ejercieron por decisión jurisdiccional de forma previa, ante la ausencia de los padres, y hubiera existido dependencia económica.

Justificación: Los artículos referidos tienen una finalidad constitucionalmente imperiosa establecida en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que, por regla general, en materia de seguridad social únicamente los hijos son beneficiarios de la pensión por orfandad, toda vez que el objetivo de este derecho es proteger al núcleo familiar; no obstante, atendiendo a la realidad social, los nietos sujetos a patria potestad se equiparan a los hijos, aunque no exista un vínculo paterno-filial, en los casos en que la abuela trabajadora actúe como madre del infante asumiendo las obligaciones y los deberes legales que les corresponden a los padres, derivado del ejercicio de la patria potestad de su nieto otorgado en un diverso juicio familiar, cuando la dependencia económica recaiga directamente en ella. Interpretación que tiene como finalidad tutelar el derecho a la seguridad social con motivo de la muerte de la persona trabajadora o pensionada y cuidar del desamparo a los miembros de la familia, de quienes se debe garantizar la subsistencia dada la muerte del sostén económico. Protección a este derecho que debe imperar desde una perspectiva amplia y no en un esquema restrictivo de familia, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, el nieto sujeto a patria potestad se equipara a un hijo de la persona trabajadora y puede acceder a la pensión por orfandad, cumpliendo con los requisitos previstos por la normativa para su otorgamiento.

PR.P.CN. J/13 P (11a.)

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 

Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público.

Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos.

Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. 

De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados.

II

De la controversia constitucional 7/2020, resuelta el 29 de mayo de 2023: 

XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (SENTENCIA DEFINITIVA DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 1919/19-13-01-6 POR LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).

XXIII. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, SU COMPETENCIA SE ACOTA A DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA O PARAESTATAL, Y LOS PARTICULARES, SIN INCLUIR A LOS OTROS PODERES DE LA UNIÓN (LEGISLATIVO Y JUDICIAL) NI, EN CONSECUENCIA, A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.

XXIX. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL HECHO DE QUE SE HAYA ARROGADO COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR UN PARTICULAR EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN LA QUE IMPUSO UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE (UNA MULTA), NO ACTUALIZA A MANERA DE CONSECUENCIA UN ERROR DE TÉCNICA LEGISLATIVA QUE CONLLEVE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, MENOS AÚN IMPLICA QUE SE CONFIGURE UN EXCESO EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS, SINO QUE, EN TODO CASO, REFLEJA UNA INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL SUPUESTO NORMATIVO QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DEL JUICIO POR PARTE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y SI BIEN ESTO PODRÁ COARTAR LA VALIDEZ DE SU RESOLUCIÓN, ELLO NO RESULTA ATRIBUIBLE AL LEGISLADOR FEDERAL NI IMPLICA UNA EXTRALIMITACIÓN A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA (ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA).

XXXII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA ANULACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE UNA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO QUE TIENE COMO OBJETO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, VULNERA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE DICHO INSTITUTO, AL INVADIR SU ESFERA COMPETENCIAL (INVALIDEZ DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL JUICIO DE NULIDAD 1919/19-13-01-6).

De la la controversia constitucional 90/2020, resuelta el 20 de noviembre de 2022: 

XII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CIVIL.

XXVI. EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL).

XLIX. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE ELLA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, RESPETA LA EXCEPCIONALIDAD DE ESA INTERVENCIÓN MILITAR.